Dentro de las películas de Dwayne ‘La Roca’ Johnson, “El mensajero” es de las más grises, probablemente porque intenta sacar a la luz una de las más tristes miserias del sistema legal norteamericano sin dejar de tratar de sacar partido al personaje con una trama que tenga algo de acción. El resultado es raro y frío, pero nos deja como curiosidad a un Johnson metido en una película de denuncia social sacrificando protagonismo para mandar un mensaje.

“El mensajero” ilustra gráficamente lo ese absoluto desastre que es el sistema judicial americano y, particularmente, lo que pasa cuando quieres acabar con el crimen (aunque es extrapolable a cualquier injusticia) mediante nuevas leyes específicas (y populistas) cuando el problema está en que no se hacen cumplir las leyes que ya existen. Pasa en Estados Unidos y pasa en España, es sangrante ver que los mismos que se niegan a aplicar ciertas leyes (poniendo el grito en el cielo si a un asesino le obligan a cumplir su pena íntegra) piden elaborar más leyes imposibles de cumplir pero que quedan bien en los titulares (leyes que prohiban el machismo o el asesinato). Pero vamos con el caso concreto de las condenas mínimas obligatorias. Lo que voy a decir puede parecer polémico o que frivolizo con las drogas, pero no es mi intención. Lo que quiero es poner el tema en contexto y ponderarlo con otros delitos.

“El mensajero” describe un caso como este: la policía detiene a un chaval que menudea con droga a poca escala, mandando pastillas aquí y allá a chavales con ganas de agarrar un colocón un fin de semana. Lo pillan y le ofrecen la posibilidad de reducir los cargos si delata a (hipotéticos) cómplices. Así que el tío se caga en los pantalones ante la posibilidad de pasarse varios años en la cárcel, le envía un paquete lleno de droga a un colega y le dice que se lo guarde (sin que el colega sepa lo que contiene). En el momento que la madre del colega firma el albarán de recogida, la policía detiene al chaval por tráfico (el paquete contiene justo la cantidad necesaria para que el delito sea grave) así que sin comerlo ni beberlo el chaval está en un pollo. Y de los gordos, porque las nuevas leyes de condenas mínimas obligatorias no le dejan la posibilidad de exponer el caso al juez, porque aunque el juez acepte escucharle o incluso creerle, está obligado a meterle un paquete de los gordos (la condena mínima). Y entramos en el bucle porque el chaval sólo puede redimirse enmarronando a otros colegas y familiares. El sistema es despreciablemente perfecto para funcionarios del sistema que tienen incentivos por detención y para políticos que quieren presentar números estupendos en la lucha contra la droga (nadie se va a parar a analizar qué porcentaje de arrestos corresponde a gente que no tiene nada que ver con ese mundo, salvo que aceptó un paquete).

Así que, de entrada, la película ya corta el rollo ofreciendo una imagen pesimista y sucia de algo que todos damos por seguro: la seguridad jurídica en una democracia (la supuesta primera democracia del mundo), por lo que por mucho talento y carisma que le eche Johnson, lo tiene negro para hacerla remontar. Aún así lo intenta. Se mete en una papel complicado, de padre coraje, que obtiene de la fiscalía un trato para conmutar la pena de su hijo a cambio de desarticular un cártel de la droga. Y, sorprendentemente, no lo hace por las bravas, a hostia limpia, sino con cierta humildad, con engaños, estratagemas y la violencia justa y proporcionada. Se agradece. No queda una película muy vistosa, más bien apenas tiene brillo, pero a cambio es enormemente coherente, muy sólida y equilibrada entre lo que cuenta y cómo lo cuenta.