Uno de los más graves errores de la investigación criminal en España, tanto por parte de la policía, como de los jueces y Tribunales, así como de la propia familia de la víctima. La acusada pasó por un calvario personal cuando a sabiendas de su inocencia, ni su abogado ni ella podían probarlo no existiendo contra ella más que pruebas indiciarias sin ninguna prueba de cargo que demostrara su culpabilidad, y sin que se apreciara a su favor el principio "in dubio pro reo" ni la presunción de inocencia sancionada constitucionalmente.

Cuando al final se descubrió al verdadero culpable, la vida de la anterior acusada nunca fue la misma, y el rechazo social continuó, tanto por su paso por prisión y la sospecha, como por los convencionalismos sociales dada su condición sexual.

Grave error de la prensa de la época, que en la actualidad sigue destripando a los acusados sin que se haya celebrado el juicio llenando horas de tv y radio y páginas en prensa.